SÍNTESIS DE LA HISTORIA ARGENTINA DEL SIGLO
XX
En 1880
llegó al poder el general Julio A. Roca, quien consolidó el modelo económico
agroexportador y el modelo político conservador basado en el fraude electoral y
la exclusión de la mayoría de la población de la vida política. Se incrementaron
notablemente las inversiones inglesas en bancos, frigoríficos y ferrocarriles y
creció nuestra deuda externa. Por el lado político, la Unión Cívica Radical
luchaba por la limpieza electoral y contra la corrupción, mientras que, por el
lado social, el movimiento obrero peleaba por la dignidad de los trabajadores
desde los gremios socialistas y anarquistas.
En
1912, el presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su
nombre y que estableció el voto secreto y obligatorio. La aplicación de la Ley
Sáenz Peña hizo posible la llegada del radicalismo al gobierno. Los radicales
gobernaron el país entre 1916 y 1930 bajo las presidencias de Hipólito Yrigoyen
(1916-1922) (1928-1930) y Marcelo T. de Alvear (1922-1928), e impulsaron
importantes cambios tendientes a la ampliación de la participación ciudadana,
la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la
difusión de la enseñanza universitaria. El período no estuvo exento de
conflictos sociales derivados de las graves condiciones de vida de los
trabajadores. Algunas de sus protestas, como la de la Semana Trágica y la de la
Patagonia, fueron duramente reprimidas con miles de trabajadores detenidos y
centenares de muertos.
El 6 de
septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo
encabezaron un golpe de estado, apoyado por grupos políticos conservadores, y
expulsaron del gobierno a Yrigoyen, inaugurando un período en el que volvió el
fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el
Pacto Roca-Runciman con Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia
Argentina con ese país. Se sucedieron los gobiernos conservadores (el general
Uriburu, entre 1930 y 1932; el general Justo, entre 1932 y 38; Roberto Ortiz,
entre 1938 y 1942, y Ramón Castillo, entre 1942 y 1943), que se desentendieron
de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas
a los grupos y familias más poderosas del país.
En 1943
un grupo de militares nacionalistas dio un golpe de estado y derrocó al
presidente Castillo. Dentro de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo
Perón, quien, desde la secretaría de Trabajo y Previsión, llevó adelante un
política tendiente a mejorar la legislación laboral y social (vacaciones pagas,
jubilaciones, tribunales de trabajo). El apoyo popular a Perón lo condujo al
gobierno en las elecciones de 1946. Durante sus dos presidencias (1946-1952 y
1952-1955) Perón, que ejerció el poder limitando el accionar de la oposición y
censurando a la prensa, impulsó una política que combinaba el impulso de la
industria, el empleo, las comunicaciones y los transportes, con la acción
social desarrollada por Eva Perón a través de la construcción de hospitales,
escuelas, hogares para niños y ancianos, y ayuda económica para los más pobres.
En 1955
un golpe militar con amplio apoyo político y social derrocó a Perón, quien
marchó al exilio. Tras el breve interregno de Lonardi, militar de corte
nacionalista y católico, un nuevo golpe de comando puso al Ejército,
representado por Pedro Eugenio Aramburu, y a la Marina, representada por Isaac
Rojas, a la cabeza de un gobierno, cuyo objetivo medular era eliminar al
peronismo de la vida nacional, apuntando fundamentalmente al movimiento obrero.
El decreto 4161 y los fusilamientos de junio de 1956, máxima expresión de la
reacción, se combinaron con la reforma de la constitución (1957) y la
implementación de un proyecto económico liberal ideado por Raúl Prebisch,
que buscaba desmontar el modelo peronista y lograr la “estabilización”
económica con el respaldo del FMI. En este marco de violenta persecución,
comenzó la denominada “resistencia peronista”, que se extendió también a
numerosos sectores populares no peronistas. No sin oposición interna, el
régimen militar concedió una apertura electoral que creyó controlar y que dio
paso al período de las democracias condicionadas encabezadas por gobiernos
radicales.
En 1958
el líder de la Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi, llegó al
gobierno tras sellar una alianza con Perón. Sin embargo, su política
desarrollista, llevada a cabo mediante la contratación de empresas extranjeras
para la extracción de petróleo y la gestión de un crédito del FMI, condicionado
a la implementación de medidas liberales, no tardaron en granjearle la
hostilidad del peronismo. Para hacer frente a las manifestaciones de
descontento, el gobierno puso en marcha el “plan Conintes”, que otorgó al
Ejército la facultad de arrestar, detener e interrogar a gremialistas y
opositores. Su política exterior y el triunfo del peronismo en las elecciones
de 1962 precipitaron un nuevo golpe de estado. Procurando salvar la
institucionalidad, asumió el presidente del Senado, el radical José María
Guido, cuyo gobierno estuvo tutelado desde las filas castrenses. Las elecciones
presidenciales de 1963, con proscripción del peronismo, llevaron a la
presidencia a Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo. La anulación
de los contratos petroleros, la Ley de Medicamentos y un aumento en la
inversión en salud y educación cosecharon hostilidad en el empresariado. El
peronismo, especialmente su base sindical, y la prensa llevaron adelante una
fuerte campaña contra el líder radical, dejando el terreno libre para que, una
vez más las Fuerzas Armadas, asestaran un nuevo golpe a la democracia. El 28 de
junio de 1966, Juan Carlos Onganía asumió de facto el mando del país. Contaba,
una vez más, con amplio apoyo político y social.
El
general Juan Carlos Onganía aplicó, con apoyo del FMI, un fuerte programa
liberal orientado a satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos,
al tiempo que, bajo los auspicios de la Doctrina de la Seguridad Nacional
impulsada por Estados Unidos, convirtió la persecución del peronismo en la del
comunismo y de las guerrillas. Implantó una rígida censura, que alcanzó a toda
la prensa y a todas las manifestaciones culturales, incluyendo la intervención
de las universidades y la expulsión de profesores opositores, que derivó en lo
que se conoce como la “fuga de cerebros”. Sin embargo, las movilizaciones
estudiantiles, las insurrecciones populares (como el Cordobazo) y la
organización guerrillera debilitaron al gobierno provocando un golpe interno.
En junio de 1970 asumiría Roberto Levingston, de corte nacionalista, que no
lograría contener las protestas populares y la actividad guerrillera. Una
segunda manifestación popular en Córdoba, conocida como el “Viborazo”, dio por
tierra con este nuevo gobierno. En marzo de 1971, asumió Alejandro Agustín
Lanusse, quien propugnó una política conciliatoria, a través del GAN (Gran
Acuerdo Nacional), permitiendo el regreso de Juan Domingo Perón y convocando a
elecciones nacionales sin proscripciones para el peronismo. En marzo de 1973,
el triunfo sería para los candidatos de esa fuerza, Héctor Cámpora y Vicente
Solano Lima.
Entre
1973 y 1976 gobernó nuevamente el peronismo con cuatro presidentes (Cámpora,
1973; Lastiri, 1973; Perón, 1973-1974; e Isabel Perón 1974-1976), quienes
intentaron retomar algunas de las medidas sociales del primer peronismo, como
el impulso de la industria y la acción social, el mejoramiento de los sueldos y
el control de precios. Pero los conflictos internos del movimiento peronista y
la guerrilla, sumados a la crisis económica mundial de 1973, complicaron la
situación, que se agravó aún más con la muerte de Perón en 1974 y la
incapacidad de su sucesora, Isabel Perón, de conducir el país. Esta crisis fue
aprovechada para terminar con el gobierno democrático y dar un nuevo golpe
militar, que contó una vez más con un amplio respaldo civil.
La
dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 contó con el decisivo
respaldo de los grandes grupos económicos nacionales y el financiamiento
permanente de los grandes bancos internacionales y los organismos
internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el FMI. El saldo de su
gestión fue el de miles de muertos y desaparecidos, centenares de miles de
exiliados, la derrota del Ejército argentino en Malvinas, la multiplicación de
la deuda externa por cinco, la destrucción de gran parte del aparato productivo
nacional y la quiebra y el vaciamiento de la totalidad de las empresas públicas
a causa de la corrupción de sus directivos y de la implementación de una
política económica que beneficiaba a los grupos económicos locales y
extranjeros. El 10 de diciembre de 1983, después de casi veinte años, el
radicalismo volvía al gobierno tras el triunfo de Raúl Alfonsín.
